A nivel internacional, varios organismos han establecido parámetros mínimos para definir estándares de alojamiento, y fijan metros cuadrados y condiciones de habitabilidad básica para que el encierro no se transforme necesariamente en un trato cruel, inhumano y degradante. Sin embargo, en contextos de altísimo nivel punitivo estas cuestiones son dejadas de lado en forma sistemática. Por eso, hace años que en distintas instancias se debate el tema del cupo carcelario.
A nivel nacional la PPN ya en el año 2013 presentó una propuesta legislativa para el establecimiento del cupo carcelario y el control de la sobrepoblación. En el año 2019 aprobó sus estándares sobre condiciones materiales en lugares de privación de libertad. Luego el CNPT y el Ministerio de Justicia fijaron también estándares, tomando en consideración el trabajo de la PPN.
Las discusiones sobre cupo carcelario han sido especialmente relevantes en el marco de los habeas corpus colectivos presentados por las instituciones que promueven los derechos de las personas presas, en los que se discuten en el ámbito judicial las condiciones de alojamiento de las personas detenidas.
Es en este contexto que desde la PPN desarrollamos el proyecto de DPF. Buscamos producir herramientas e información que colaboren en el proceso de definición de la capacidad de alojamiento de las unidades del SPF, desde una perspectiva de derechos humanos. Hablamos justamente de proceso porque la definición de cupo no es una cuestión rígida ni cristalizada, sino que es un proceso permanente, en base a múltiples dimensiones a tener en cuenta.
Este proyecto se complementa con el trabajo que desde hace 20 años realiza la PPN en relación al monitoreo de las condiciones materiales de detención. Pero implica un salto cualitativo porque a partir de una misma metodología e indicadores comunes, y tomando como base los estándares internacionales y los propios estándares de condiciones mínimas establecidos por la PPN, se visitaron todas las unidades del SPF aplicando esta metodología.
El resultado es una batería de información cuanti y cualitativa única, por su magnitud y precisión, que ayudará al proceso colectivo de definición del cupo carcelario.
Para realizar este diagnóstico visitamos entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 todas las unidades carcelarias.
En cada una, tomamos una muestra de una cantidad de pabellones (definida en función del tamaño de cada unidad) y realizamos las mediciones específicas de las condiciones materiales de detención. Además, realizamos recorridas y registros en los espacios comunes de atención médica, recreación, visitas, trabajo y educación, y conversamos con las PPL y personal penitenciario. En todas las visitas realizamos un registro fotográfico para acompañar el material producido.
Además, luego de cada inspección se realizó un informe de cada unidad y se presentó una recomendación, en la que se listaron los principales problemas en materia de condiciones de detención y se solicitó que se realicen reformas, restauraciones y refacciones materiales indispensables para condiciones básicas de habitabilidad; que se readecúe la capacidad de detenidos alojados conforme lo dispone la normativa establecida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; que se acondicionen los sectores de educación, talleres laborales, espacios de recreación, y espacios destinados a las visitas; que la población tenga acceso a talleres laborales, educación o atención a la salud, entre otras recomendaciones.
Este proyecto fue realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación con apoyo financiero del Fondo Especial del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas (Fondo OPCAT).